sentencia civil
Violencia de género: condenan a la DGE por el rechazo a una docente por "sobrepeso"
Martes, 12 de octubre de 2021
Por: Pablo Segura

El Primer Tribunal de Gestión Asociada condenó civilmente a la Dirección General de Escuelas a que indemnice con más de un millón de pesos a una docente que fue rechazada por su "sobrepeso", situación que la llevó a sufrir problemas psicológicos.

La víctima, Laura Ángela Martínez, denunció al Estado en base a la Ley de Protección Integral a las Mujeres y la jueza Fabiana Martinelli le dio la razón, al entender que la docente estaba apta para realizar sus tareas sin ningún inconveniente.

Según la denuncia, Martínez comenzó a trabajar para la DGE en 2002 tras haber aprobado el correspondiente examen preocupacional realizado por el Ministerio de Salud.

Dos años después, su certificado de aptitud psicofísico fue emitido como "apto con patología de sobrepeso". En el mismo, los profesionales de la salud destacaban una supuesta "obesidad" y un aparente "problema en las cuerdas vocales".

Ante esto, la denunciante comenzó un tratamiento y hasta adelgazó diez kilos. Sin embargo, en el 2016 y ante la necesidad de un nuevo certificado de aptitud psicofísica, Salud Laboral dispuso que Martínez no era apta "ni para tareas administrativas como tampoco para docente".

A partir de ese momento, Martínez sufrió un grave cuadro de estrés lo que luego derivó en la presentación de la demanda.

De esta forma, la justicia analizó el caso y la jueza antes mencionada no dudó en avalar la presentación de la damnificada.

"El índice de masa corporal por sí solo no basta de ninguna manera para determinar la existencia de patología de obesidad, siendo necesarios otros parámetros y estudios que no han sido realizados a la actora o por lo menos, no consta que hayan fundado la no aptitud declarada por los agentes de la demandada", resaltó la magistrada.

En base a esto, sostuvo: "No dudo que todo el proceso que Martínez ha acreditado y viene realizando desde el año 2002 para poder trabajar como administrativa y docente en la DGE le ha ocasionado un daño injustamente sufrido que el Estado debe reparar, ya que con fundamento en la prevención ha rayado con la discriminación, lesionando severamente no sólo la igualdad, sino todos los derechos constitucionalmente garantizados de la actora".

Así las cosas, falló una indemnización de $1.350.000, en concepto de daños y perjuicios, monto al que se le deberán sumar los intereses ocasionados durante todo el proceso.

Mirá el fallo completo:

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